Los agricultores tienen que hacer frente por tercer año consecutivo al veto ruso. Esta situación vuelve a provocar crisis de precios y el sindicato agrario critica la reducción de cupos para la retirada de frutas y hortalizas.
La comisión Europea publicó el 10 de junio una serie de medidas para tratar de paliar esta situación. Estas medidas son de carácter temporal e incluye medidas excepcionales de ayuda a los productores de frutas y hortalizas. Las medidas pueden consultarse en el Reglamento Delegado 2016/921 de la Comisión.
Con este reglamento se prorrogan las medidas para reducir el impacto del veto ruso. De esta forma, el sistema de ayudas anterior continúa funcionando y no se producen cambios en los beneficiarios, ni en las medidas, ni en la cofinanciación de las medidas. Estas medidas incluyen tanto las retiradas, la renuncia a efectuar la cosecha y la cosecha en verde; y afecta tanto a agricultores particulares como a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).
Los productos que se pueden acoger a las ayudas mencionadas son hortalizas: tomates, zanahorias, coles, pimientos dulces, coliflores y brécoles, pepinos, pepinillos; frutales: manzanas, peras, melocotones y nectarinas, ciruelas, cerezas dulces naranjas dulces, clementinas, mandarinas, limones, caquis; así como también kiwis, uvas frescas de mesa y champiñones.
Desde la organización agraria UAGA se quejan ante la reducción del cupo a España. Este año el cupo de retirada de melocotón y nectarina se ha reducido a 11.500 toneladas, cuando el año pasado las 38.000 toneladas fueron insuficientes. En el caso de manzanas y peras se ha reducido el cupo de 5.000 toneladas el año pasado a 2.300 toneladas. En cítricos se retiraron más de 35.000 toneladas y la cuota para este año es de 16.600 toneladas.
UAGA pide más medidas para recuperar los precios en origen. Entre ellas, por ejemplo, apunta a la conveniencia de hacer uso de los fondos de reserva de crisis para dar liquidez a los productores y regular las relaciones comerciales en la cadena alimentaria a nivel europeo y no permitir la venta a pérdidas o plazos de pago de 30 días obligatorios, entre otras.