La liquidación realizada por la DGA de la puesta en riego en Monegros II indigna a los regantes

La misma notificación se ha realizado a partir del día 11 de abril a cada uno de los propietarios de la Comunidad de Regantes de San Miguel, notificándoles la cuantía de la cantidad que se deberá reintegrar por cada uno de ellos en un plazo bien de 5 años para propietarios de más de 25 hectáreas, bien de 20 años por debajo de esa superficie.

Esta medida contemplada en el Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, ha sido puesta en marcha por primera vez, sin avisar de forma previa a los interesados, cuestión que ha ocasionado sorpresa y malestar entre los regantes afectados por la medida.

Para llegar a la situación actual fue necesario que previamente con fecha 13 de mayo de 2013 fuese aprobada por resolución del director general de Desarrollo Rural la declaración de puesta en riego y el cumplimiento de índices de intensidad de cultivo en los Sectores I y II de la zona regable de Monegros II, publicado mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) 108 de fecha 4 de junio del 2013.

Se inició de esta forma el proceso que ha finalizado ahora con un proyecto de liquidación redactado por la administración sin facilitar información previa a los regantes, y su notificación se ha realizado sin previo anuncio, causando sorpresa y honda preocupación habida cuenta de lo elevado de las cantidades que se van a reclamar, que va a afectar a la viabilidad y supervivencia de muchas explotaciones.

Los regantes han dispuesto de tan sólo diez días para estudiar el proyecto de liquidación y alegar al mismo. Esta alegación ha sido la única opción posible para poder analizar con más detenimiento la documentación aportada por la administración y buscar vías que permitan iniciar un diálogo sobre una cuestión que puede tener importantes repercusiones en la viabilidad de las explotaciones.

El malestar de los regantes viene motivado por:

• La forma en la que se ha comunicado el proyecto de liquidación, sin una interlocución con los afectados y sin un aviso previo que permita una planificación económica de las explotaciones para hacer frente a un gasto imprevisto.

• La cuantía de los importes que se tratan de cobrar por hectárea, que triplican los que se señalan como máximo en el Plan General de Transformación de la zona regable, hecho éste especialmente sangrante en la Comunidad de Regantes San Miguel (que ha carecido históricamente de líneas eléctricas para llevar a cabo el correcto funcionamiento de las instalaciones de riego y cuya ejecución ha corrido por cuenta de los propios regantes).

• El contenido del proyecto de liquidación, con información insuficiente para que los regantes puedan valorar cuáles son las obras que se pasan al cobro y su efectiva ejecución.

• Los plazos para el pago de las cuantías, que implican un fuerte desembolso económico en un corto plazo de tiempo.

A todo esto se suma el desconcierto en una resolución, aplicada de forma apresurada y únicamente a una comunidad, por obras ejecutadas hace más de 20 años. Obras que los regantes no se niegan a pagar, siempre y cuando se esté trabajando en un marco de racionalidad de precios y plazos de reintegro.