El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad presentó este miércoles en la Casa de Aragón en Madrid los resultados del estudio de aplicación práctica, con datos reales, de su propuesta para la reforma de la PAC. Esta reforma supone una redistribución de las ayudas que excluye de las mismas a los agricultores no profesionales, corrige desequilibrios territoriales y simplifica enormemente la gestión de las subvenciones.
La propuesta tiene como objetivo lograr una redistribución más justa de las ayudas y cumplir una de las promesas no satisfechas por la PAC desde hace 50 años: “incrementar la renta individual de los que trabajan en la agricultura”, insistió Olona. Y para detallarla, el consejero puso sobre la mesa un algoritmo, cuajado de número y letras aparentemente poco descifrable, que, sin embargo, se simplifica al conjugar la profesionalidad del perceptor -entendida como el volumen de sus ingresos agrarios en relación con sus ingresos totales-, la productividad, la dimensión económica de la explotación y un factor incorporado recientemente en la propuesta que mide el grado de contribución medioambiental o social.
De esta manera, se benefician más, por ejemplo, quienes más dependen de la agricultura y más contribuyen a su mejora. También aumenta “muy significativamente” el porcentaje de beneficiarios de máxima profesionalidad, han apuntado desde el Ejecutivo. Además, la ayuda aplicada es mayor cuanto más negativa es la renta del perceptor, cuando ahora existen rentas negativas que no se compensan, y se reduce progresivamente, hasta llegar a anularse en algunos casos, a medida que las rentas de los beneficiarios aumentan.
El Departamento ha precisado que esta redistribución tiene una expresión concreta ya que con la PAC actual el mayor perceptor de ayudas recibe más de 800.000 euros y con el modelo propuesto, no llega a 150.000. Esto “sin la necesidad de establecer expresamente un límite máximo, como se está diciendo estos días al hilo del documento de la Comisión Europea que ha sido filtrado”, ha añadido el consejero.
Para que la compensación resulte “justa y eficaz”, Aragón aplicaría cinco factores o criterios en los beneficiarios: su profesionalidad o dependencia de los ingresos agrarios; la productividad; la dimensión económica y su contribución ambiental.
En su opinión, con la redistribución de ayudas entre beneficiarios Aragón conseguiría aumentar la subvención media por agricultor o ganadero en un 27,4 % en la Comunidad (de los 8.748 euros actuales a 11.146 euros), alza que en el caso de la provincia de Teruel se dispararía el 48,8 %.
Joaquín Olona ha señalado como resumen que con el modelo que propone aumenta el nivel de profesionalidad, productividad, dimensión económica y contribución ambiental de los beneficiarios. Quedan excluidos de las ayudas quienes presentan valores muy bajos o nulos, precisamente, en profesionalidad, productividad, y dimensión económica, el 21,5 % de los perceptores actuales, mientras que el 46 % de los beneficiarios actuales ven aumentada su ayuda y el 53,5 % la ven reducida.
Preguntado por el problema social que podría suponer ese porcentaje de perceptores actuales que quedaría excluido de las ayudas, el titular de Agricultura de Aragón ha estimado que no es en sí un problema, puesto que “no constituye el núcleo de nuestro sistema agrario, ni contribuye a su desarrollo”.
Olona ha remarcado que es consciente de que esta propuesta se enfrenta a “reticencias” autonómicas de quienes tienen “miedo al cambio”, pero “queremos promover el debate e influir” en la configuración de la futura PAC “hasta donde podamos”.
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